¿De qué hablará la expositora?

La investigación de Espinosa Goded tiene como objetivo examinar la aceptación por parte de los regantes y de la sociedad andaluza de los bancos de agua (BA) como instrumento económico para reasignar los derechos de uso del agua en regiones semiáridas. Se analizaron las preferencias de los agricultores y la sociedad por diseños de BA mediante experimentos de elección discreta (EED) en Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como caso de estudio. Los atributos estudiados por parte de los agricultores son: la escala del intercambio de agua (intra o intercomunidad de regantes), la institución responsable de la gestión del banco de agua (pública, privada o iniciativa público-privada) y el precio del agua (0,03-0,33 €/m³). Cada agricultor tuvo que tomar decisiones sobre su disposición a participar como vendedor y como comprador de agua. Los resultados de un modelo logit de parámetros aleatorios reflejan una alta reticencia de los agricultores a participar como vendedores en los BA (compensando un excedente en el rango de 0,361-0,981 €/m³ para vender su concesión temporalmente). Por otro lado, el excedente compensatorio para participar como compradores se encuentra en el rango de los intercambios previos (0,179-0,237 €/m³). El diseño de BA preferido es el gestionado a nivel público-privado, y la escala de intercambio a nivel de CHG. Como tratamiento se probó el uso de un “nudge” informativo (mediante un video que explicaba la implementación en Australia) que no aumentó la participación de los agricultores en el BA.

A nivel de la sociedad se realizó una encuesta a 1.200 personas para conocer el nivel de aceptación de los BA, y la priorización de áreas y medidas destinadas a la mejora del estado ecológico de las masas de agua. Además, mediante un EED, se analizó la disposición a pagar por distintos escenarios de mejora ecológica y redistribución del agua. Los resultados muestran que los encuestados prefieren una reasignación del agua basada en el desempeño ambiental de los agricultores o, alternativamente, en el uso de Bancos de Agua, por encima del sistema proporcional e igualitario que se aplica actualmente. Asimismo, se estima que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar 57€/año/persona durante 12 años para alcanzar un buen estado ecológico en el 75% de los ríos de la CHG, cifra que aumentaría a 78€/año/persona si dicho estado se extendiera al 90% de los ríos de esta demarcación.